REDACCIÓN – Miguel R. Ríos
Un fallo sin precedentes fue dictado por la Justicia provincial de Santa Fe: se ordenó a la empresa Mercado Pago S.A.U. cesar de inmediato el cobro de un préstamo por $6.700.000, el cual fue gestionado de manera fraudulenta desde la cuenta de una empresa gastronómica local. La medida fue solicitada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y resuelta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Octavio Silva, en una audiencia celebrada en los tribunales de la capital santafesina.
El hecho, que involucra delitos informáticos, robo de identidad y fraude financiero, pone nuevamente en debate la seguridad de las plataformas digitales de pago, el uso indebido de los datos de usuarios, y la creciente vulnerabilidad de los comercios frente a estafas electrónicas.
La maniobra delictiva
Según lo informado por el fiscal Agustín Nigro, el hecho tuvo lugar el sábado 19 de abril de 2025 alrededor de las 22:00. La persona sindicada como autora del delito es una mujer de 30 años, exempleada del local gastronómico afectado, ubicado sobre calle Suipacha al 2300, en pleno centro de Santa Fe.
La investigación determinó que la imputada accedió sin autorización al comercio que se encontraba cerrado utilizando una llave en su poder, por lo que no hubo signos de violencia o ingreso forzado. Una vez dentro, desconectó el sistema eléctrico del establecimiento, logrando así desactivar las cámaras de videovigilancia del lugar.
A continuación, la mujer utilizó una computadora en la que se encontraba activa una sesión de Mercado Pago, la billetera virtual más popular del país. Desde ese dispositivo, y con un teléfono celular que no pertenece a las víctimas, logró cambiar las credenciales de acceso y configurar una nueva clave, lo que le permitió tener el control total sobre la cuenta de la empresa.
Utilizando esta información, solicitó un préstamo personal por $6.700.000 y transfirió, además, otros $300.000 que ya se encontraban disponibles en la billetera. El dinero fue enviado a una cuenta de un tercero, desde donde finalmente se rastreó que el monto completo terminó en poder de la autora del ilícito.
Pruebas, geolocalización y seguimiento
El equipo del MPA logró reconstruir la operación a través de múltiples fuentes de prueba: trazabilidad financiera, análisis de movimientos dentro de la cuenta digital, registros de ingreso y egreso en la plataforma, e incluso la geolocalización del dispositivo móvil utilizado durante el delito.
Pudimos seguir la ruta del dinero, determinar los IP de acceso, vincularlos con dispositivos personales de la sospechosa, e identificar su paradero actual, afirmó el fiscal Nigro. También confirmó que la mujer se encuentra fuera del país, por lo cual se ha solicitado su captura internacional a través de los canales correspondientes.
Impacto jurídico y financiero
La resolución judicial que ordena a Mercado Pago cesar el cobro del préstamo es relevante en varios sentidos. Por un lado, exime a la empresa víctima el local gastronómico de hacerse cargo de una deuda millonaria que no solicitó, ni autorizó. Por otro lado, sienta un precedente en lo que respecta al rol que deben asumir las plataformas digitales frente a fraudes perpetrados dentro de sus entornos.
“Es un fallo que busca restablecer el orden legal ante una maniobra fraudulenta perfectamente planificada, donde se violaron múltiples sistemas de seguridad, y se simularon identidades para obtener un beneficio económico indebido”, detalló el fiscal.
El juez Silva respaldó el pedido del MPA al considerar acreditada la existencia de un perjuicio económico concreto, así como la utilización de mecanismos ilegítimos para apropiarse de dinero ajeno.
Riesgos del entorno digital
El caso vuelve a poner en discusión los mecanismos de seguridad y validación de identidad que utilizan las plataformas de pago digitales. Si bien Mercado Pago implementa medidas como autenticación en dos pasos, alertas de movimiento y control de dispositivos, la facilidad con la que se alteraron las credenciales y se gestionó un crédito millonario, revela importantes debilidades.
En ese sentido, desde la Fiscalía se advirtió que muchas empresas no cierran sesión en sus sistemas ni aplican medidas adicionales de seguridad, como el uso de tokens o doble validación desde dispositivos móviles. Además, destacaron que muchas veces los locales utilizan equipos compartidos y contraseñas sencillas, lo que facilita este tipo de vulneraciones.
Qué puede hacer una víctima de estafa digital
El Ministerio Público recomendó a todos los usuarios, especialmente a comerciantes, extremar las precauciones al operar con plataformas digitales. En caso de detectar movimientos sospechosos, es fundamental:
1. Hacer la denuncia inmediatamente ante la plataforma (en este caso, Mercado Pago).
2. Registrar capturas de pantalla y datos de acceso.
3. Informar a la entidad bancaria vinculada.
4. Presentarse en una comisaría o fiscalía especializada en ciberdelitos.
En Santa Fe, los delitos informáticos tienen competencia directa en las unidades fiscales de delitos económicos o cibercrimen. También se pueden radicar denuncias a través de la web oficial del MPA.
Un fallo con mirada social y preventiva
La resolución de la Justicia santafesina también tiene un valor simbólico. Al proteger a la empresa afectada y frenar el cobro de una deuda ilegítima, envía un mensaje claro al ecosistema digital: los usuarios no deben cargar con consecuencias derivadas de delitos que no cometieron, y las plataformas deben responder ante situaciones donde existió una falla sistémica o vulnerabilidad que fue explotada por un tercero.
“Este fallo no sólo protege a una empresa familiar de una pérdida económica gravísima, sino que también promueve una mayor responsabilidad en los entornos digitales”, concluyó el fiscal Nigro.
En resumen
El escándalo sacude al sistema financiero virtual en Santa Fe. Una exempleada, utilizando herramientas tecnológicas y aprovechando el acceso físico a su antiguo lugar de trabajo, logró vulnerar una cuenta empresarial y sustraer más de 7 millones de pesos. El fallo judicial que exime a la empresa de pagar un préstamo fraudulento marca un hito en la justicia santafesina y podría sentar jurisprudencia en futuros casos de estafas digitales.
El desafío ahora será reforzar los controles, tanto por parte de los usuarios como de las propias empresas de tecnología financiera, para evitar que este tipo de delitos continúen multiplicándose en una sociedad cada vez más digitalizada.