El oficialismo logró dictamen de mayoría para el proyecto que busca establecer condenas a jóvenes por hechos tipificados como delitos. Bloques dialoguistas como el PRO y la UCR acompañaron tras modificaciones en la iniciativa. El peronismo y la izquierda ratificaron su rechazo.
La Cámara de Diputados de la Nación avanzó este martes con el proyecto de ley para la reforma al Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El dictamen logrado por el oficialismo contó con el respaldo de bloques "dialoguistas" como el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y algunos sectores de Encuentro Federal. Conseguida la mayoría para avanzar con la iniciativa, el proyecto podrá ahora ser debatido en el recinto. Pese a no tener todavía una fecha definida, se espera que sea durante las próximas semanas.
Por su parte, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron de plano la propuesta, en línea con la postura de organizaciones de derechos humanos, argumentando que criminaliza a la juventud y no soluciona las causas estructurales de la violencia.
La reunión se llevó a cabo este martes en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda; luego de semanas de postergación derivada por la reprogramación de actividades tras el fallecimiento del Papa Francisco.
Proyecto con modificaciones
El gobierno de Javier Milei impulsa la iniciativa desde comienzos de su gestión. Tuvo una primera aceleración hace un año, cuando ocurrió en Rosario el asesinato de parte de un menor al playero Bruno Bussanich. Luego, volvió a cobrar fuerza luego de la muerte en La Plata de la niña Kim Gómez a manos de dos adolescentes en ocasión de un robo de un auto y fuga.
El proyecto de régimen penal juvenil fue uno de los temas de seguridad que el año pasado no avanzó por la falta de consenso entre el oficialismo y la oposición, dada la variedad de propuestas para reformar la legislación vigente, tras siete reuniones informativas que hubo. Sin embargo, el trágico caso de la nena de siete años Kim Gómez que fue asesinada por dos menores de edad, reactivó el reclamo por parte del Gobierno.
En lo que respecta al proyecto del Poder Ejecutivo, se propone un régimen penal aplicable a adolescentes de 13 a 18 años, bajando así la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Esto regirá para cuando fueran imputados por delitos tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales.
Se define que la finalidad será “fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos” y “lograr su educación, resocialización e integración social”.
De acuerdo con el proyecto, las penas privativas de la libertad serán: en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.
Estará “prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años. Además, prevé penas tales como: amonestación, prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima. También, la prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salir del país y prestación de servicios a la comunidad. Asimismo, la iniciativa contempla una serie de medidas complementarias como programas educativos, deportivos, de capacitación laboral, entre otras.
Posturas divergentes en el Congreso
El debate ha generado posturas divididas en el Congreso. Mientras que el oficialismo propone una imputabilidad desde los 13 años, otros proyectos, como los de Ricardo López Murphy y Marcela Campagnoli, establecen la edad en 14 años, mientras que Diego Santilli sugiere los 15. En contraste, sectores opositores, como Unión por la Patria, defienden mantener el límite en 16 años. Algunos legisladores advierten que la reforma debe ir acompañada de políticas de prevención y resocialización para los jóvenes en conflicto con la ley.
El diputado Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino, expresó su apoyo a la baja de la edad de imputabilidad, pero advirtió que la sanción de la ley por sí sola no resolverá toda la problemática, y que debe ser parte de un plan integral que también aborde el contexto social para evitar criminalizar a un sector vulnerable.
Opiniones de especialistas y organismos
En una reunión conjunta presidida por la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO), participaron especialistas y representantes de organismos públicos a fin de profundizar el debate acerca de un nuevo Régimen Penal Juvenil.
La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, cuestionó la iniciativa no sólo por la baja de edad de imputabilidad sino porque contempla cualquier tipo de delito. En el mismo sentido, se pronunció la Defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Nación, Marisa Graham, quien afirmó que los índices de criminalidad no bajan cambiando la edad de imputabilidad o aumentando las penas, sino evitando la reincidencia.
Próximos pasos
El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Presupuesto y Familia intentará avanzar en la firma de dictámenes para llevar el proyecto al recinto. La discusión se produce en un contexto de creciente preocupación social por delitos cometidos por menores, como el reciente caso de una niña asesinada en La Plata, en el que uno de los acusados tiene 14 años y es inimputable.
Se espera que el debate en el recinto se lleve a cabo en las próximas semanas, donde se discutirán las diferentes propuestas y se buscará alcanzar un consenso que permita avanzar en la reforma del Régimen Penal Juvenil.
El tema seguirá siendo objeto de análisis y discusión tanto en el ámbito legislativo como en la sociedad en general, dada la sensibilidad y complejidad que implica abordar la responsabilidad penal de los adolescentes