REDACCIÓN: Miguel R. Ríos
El Gobierno avanza en la privatización total de ENARSA: implicancias y desafíos para el sector energético argentino
El Gobierno Nacional oficializó el inicio del proceso de privatización total de Energía Argentina S.A. (ENARSA) mediante el Decreto 286/2025, publicado en el Boletín Oficial. Esta medida marca el comienzo de una nueva etapa en la política energética del país, orientada hacia una mayor participación del sector privado.
Transener: el primer paso en la desinversión estatal
La primera fase de este proceso contempla la venta del 100% de las acciones que ENARSA posee en Citelec S.A., la empresa controlante de Transener, principal operadora del sistema de transmisión eléctrica en alta tensión de Argentina. Transener gestiona más de 12.400 kilómetros de líneas de transmisión, desempeñando un papel crucial en la distribución de energía eléctrica a nivel nacional.
El Gobierno argumenta que esta decisión busca mejorar la eficiencia del sector energético, reducir el déficit fiscal y fomentar la inversión privada. Según lo estipulado en el decreto, la privatización se llevará a cabo por etapas, mediante la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio de ENARSA, garantizando la continuidad de los servicios y de las obras en curso.
Activos estratégicos en proceso de privatización
Además de Transener, ENARSA buscará desprenderse de otros activos estratégicos, incluyendo:
- Centrales térmicas: la estatal tiene el 69% de la central San Martín (Santa Fe) y el 65% de la central Manuel Belgrano (Buenos Aires).
- Gasoductos: controla el gasoducto de Vaca Muerta y el proyecto de reversión del gasoducto del Norte, clave para exportar gas a Brasil vía Bolivia.
- Energías renovables: posee el 80% del parque eólico Vientos de la Patagonia I y una participación minoritaria en el parque eólico de Arauco (La Rioja).
- Hidrocarburos y represas: lidera proyectos de exploración en el sur y la construcción de las represas de Santa Cruz, paralizadas hace un año por falta de acuerdo con China, principal financista.
Justificación oficial y críticas al proceso
El Gobierno sostiene que la gestión privada podría optimizar estos recursos y solventar los déficits operativos que enfrenta el sistema energético nacional. Enarsa cerró 2023 con un déficit operativo de más de $710.000 millones, causado principalmente por la compra de gas natural licuado (GNL) para cubrir la demanda invernal.
Sin embargo, la privatización ha generado un intenso debate sobre el control estatal en sectores estratégicos. Mientras algunos defienden la medida como una solución a los problemas financieros y operativos, otros alertan sobre la pérdida de soberanía energética y el posible aumento de costos para los consumidores.
El ex subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, advirtió que la privatización de ENARSA implicaría que el Estado "pierda los activos estratégicos y la política pública", afectando su capacidad de regular mercados fundamentales como el de gas y energía eléctrica.
Implicancias para las provincias y el desarrollo regional
Las provincias involucradas, especialmente aquellas con activos energéticos bajo el control de ENARSA, como Chubut, La Rioja, Santa Cruz y Neuquén, observan con atención cómo avanza este proceso de privatización. Las autoridades locales han expresado su preocupación por los posibles impactos en el empleo, la seguridad energética y el desarrollo de infraestructura crítica.
La venta de activos como el parque eólico Vientos de la Patagonia I podría afectar la expansión de la infraestructura eólica en la región y el empleo local generado por estos proyectos. Asimismo, la privatización de los gasoductos y represas podría generar incertidumbre en la región, ya que depende de negociaciones internacionales que involucran a actores privados.
Conclusión
El proceso de privatización de ENARSA representa un cambio significativo en la estrategia energética del país, con implicancias profundas para el control estatal de recursos estratégicos, la inversión privada y el desarrollo regional. A medida que avancen las licitaciones y se definan los destinos de los activos clave, será fundamental un seguimiento atento por parte de analistas, políticos y actores del sector energético para garantizar una transición que equilibre eficiencia, soberanía y desarrollo sostenible.