REDACCIÓN: Miguel R. Ríos
El pasado jueves 24 de abril, la planta industrial de Vicentin en Avellaneda, Santa Fe, experimentó un corte de suministro eléctrico de más de dos horas, ejecutado por la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda (CSPA). Esta interrupción se realizó a pesar de una orden judicial vigente que prohibía expresamente cortar servicios esenciales en la empresa intervenida.
Riesgo operativo y reacción judicial
El corte de energía ocurrió a las 9:10 de la mañana y fue restablecido recién pasadas las 11:00, luego de gestiones urgentes por parte de los abogados de Vicentin. Durante ese lapso, uno de los interventores designados por la Justicia, Guillermo Nudenberg, advirtió que la planta estuvo al borde de una explosión debido al vaciado de calderas y la ventilación de alcohol en las columnas de destilación.
El juez Fabián Lorenzini había dispuesto días antes la intervención total de Vicentin y ordenado que todos los proveedores de servicios esenciales se abstuvieran de interrumpir la provisión por un plazo de 60 días hábiles. El incumplimiento de esta medida podría derivar en acciones legales contra la cooperativa.
Contexto financiero y operativo de Vicentin
Vicentin, uno de los conglomerados agroindustriales más importantes de Argentina, atraviesa una profunda crisis financiera y judicial desde diciembre de 2019, cuando se declaró en cesación de pagos por más de u$s1.300 millones, lo que derivó en un concurso de acreedores. La empresa ha sido objeto de investigaciones por presuntas irregularidades financieras y ha enfrentado múltiples desafíos legales y operativos.
En abril de 2025, el directorio de Vicentin anunció la posibilidad de reactivar las plantas de Ricardone y Avellaneda, tras reuniones con dos de sus principales clientes. La empresa comunicó que podría comenzar a pagar los salarios de 1.500 trabajadores, siempre que se confirmaran ciertas condiciones operativas y acuerdos con los sindicatos y el personal fuera de convenio.
Repercusiones en la comunidad y el sector energético
La interrupción del suministro eléctrico en la planta de Vicentin ha generado preocupación en la comunidad local y en el sector energético. La situación pone de manifiesto las tensiones entre las necesidades operativas de las empresas en crisis y las limitaciones de los proveedores de servicios públicos.
La CSPA argumentó que la resolución judicial fue adoptada de manera inconsulta y que la continuidad del servicio sin pago pone en riesgo la viabilidad financiera de la entidad. Sin embargo, el incumplimiento de la orden judicial podría tener consecuencias legales para la cooperativa.
Conclusión
El corte de energía en la planta de Vicentin en Avellaneda destaca la complejidad de gestionar empresas en crisis y la importancia de la coordinación entre las autoridades judiciales, las empresas y los proveedores de servicios públicos. A medida que se desarrollan las investigaciones y se buscan soluciones, la situación de Vicentin continúa siendo un tema de interés nacional, con implicaciones significativas para la economía y la sociedad argentina.