Un cambio profundo en el régimen penal juvenil
El debate por la baja de la edad de imputabilidad penal volvió a cobrar fuerte relevancia en los últimos días a partir del caso de Jeremías Monzón, un hecho que reavivó la discusión pública sobre la responsabilidad penal de los menores y la capacidad del Estado para dar respuestas ante delitos graves cometidos por adolescentes.
En ese contexto, el Gobierno nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años. La iniciativa busca modificar el actual régimen penal juvenil y establece un nuevo marco legal para el abordaje de delitos cometidos por menores, con especial foco en los hechos de mayor gravedad.
El proyecto contempla penas de hasta 20 años de prisión para delitos de extrema gravedad, aunque remarca que el objetivo central no es punitivo, sino la resocialización del menor y su reinserción social progresiva, bajo un sistema diferenciado del régimen penal adulto.
Penas diferenciadas y prioridad en la resocialización
Según el texto enviado al Parlamento, los menores imputables contarán con un régimen especial que prioriza medidas alternativas a la prisión en casos de delitos menores. Entre ellas se incluyen tareas comunitarias, reparación del daño causado a la víctima, programas de acompañamiento educativo y tratamiento psicológico.
Para los delitos más graves, el proyecto habilita penas privativas de la libertad de hasta 20 años, siempre bajo instituciones específicas para menores y con evaluaciones periódicas del proceso de reinserción social.
El Ejecutivo sostiene que el sistema actual resulta insuficiente para abordar delitos complejos cometidos por adolescentes y que la reforma busca dar una respuesta integral que combine responsabilidad penal con contención estatal.
Financiamiento y creación de institutos especializados
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el financiamiento. El proyecto prevé una inversión superior a los 23.700 millones de pesos, que serán destinados tanto al Ministerio de Justicia como a la Defensoría General de la Nación.
Estos fondos estarán orientados a la creación y fortalecimiento de institutos especializados para menores, mejoras en infraestructura, capacitación del personal judicial y penitenciario, y desarrollo de programas interdisciplinarios de reinserción.
Además, se habilita la firma de convenios entre la Nación y las provincias para el envío de recursos específicos, con el objetivo de garantizar una implementación federal del nuevo régimen penal juvenil.
El rol de las provincias y la implementación federal
El Gobierno remarca que la aplicación del nuevo régimen requerirá coordinación con los gobiernos provinciales, ya que son las jurisdicciones las que deberán adaptar su infraestructura y sistemas judiciales para alojar y tratar a los menores alcanzados por la ley.
Los acuerdos previstos permitirán financiar obras, capacitación y creación de espacios adecuados para el cumplimiento de las medidas judiciales, evitando el alojamiento de menores en cárceles comunes.
La postura de la oposición y el debate legislativo
Desde sectores de la oposición, si bien se reconoce la necesidad de actualizar el régimen penal juvenil, se cuestiona la edad propuesta por el Ejecutivo. Algunos bloques anticiparon que impulsarán modificaciones para fijar el piso de imputabilidad en los 14 años, argumentando criterios de madurez psicológica y estándares internacionales.
El debate promete ser intenso en ambas cámaras, con posiciones encontradas entre quienes consideran la medida necesaria para combatir el delito juvenil grave y quienes advierten sobre los riesgos de criminalizar a adolescentes sin fortalecer previamente las políticas sociales.
Un tema sensible con impacto social
La baja de la edad de imputabilidad vuelve a instalar un debate histórico en la agenda pública argentina. Seguridad, derechos de la niñez, responsabilidad penal y rol del Estado se cruzan en una discusión que genera fuertes posiciones políticas y sociales.
Con el envío del proyecto al Congreso, el Gobierno busca avanzar en una reforma estructural del sistema penal juvenil, mientras el Parlamento tendrá la tarea de definir si acompaña la propuesta original o introduce cambios sustanciales en uno de los temas más sensibles del debate legislativo.