La media sanción del Régimen Penal Juvenil en Diputados volvió a poner en el centro de la escena el asesinato del adolescente santafesino. La madre de la víctima presenció la votación y pidió que “no vuelva a pasar”.
El asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años hallado sin vida en la ciudad de Santa Fe en diciembre pasado, se transformó en uno de los casos más citados durante el debate parlamentario que culminó con la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Argentina.
Con 149 votos afirmativos y 100 negativos, el oficialismo encabezado por La Libertad Avanza logró avanzar con el proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa es impulsada por el espacio del presidente Javier Milei y ahora deberá ser tratada por el Senado.
En uno de los palcos del recinto estuvo presente Romina Monzón, madre del joven, quien celebró la votación aunque reconoció que la norma no modificará la situación judicial de los acusados en esta causa, ya que la ley no es retroactiva.
El crimen que conmocionó a la provincia
Jeremías fue visto por última vez el 18 de diciembre. Tras varias horas sin noticias, su familia comenzó una búsqueda que rápidamente tomó estado público. Cuatro días después, el 22 de diciembre, su cuerpo fue encontrado en un galpón abandonado en la zona sur de la capital provincial, frente al estadio del Club Atlético Colón.
El informe forense determinó que el adolescente murió como consecuencia de múltiples heridas de arma blanca. La gravedad del hecho generó conmoción social, marchas vecinales y reclamos de justicia en distintos puntos de la provincia de Santa Fe.
La investigación estableció la presunta participación de tres menores de edad: una adolescente de 16 años y dos varones de 14 años.
Situación judicial de los acusados
La joven de 16 años fue imputada por homicidio agravado y permanece detenida con prisión preventiva en un centro especializado en la ciudad de Rosario. En su caso, el proceso continúa bajo el régimen penal juvenil vigente, que contempla juicio y eventual condena.
En cambio, los adolescentes de 14 años son considerados inimputables por la normativa actual. En Argentina, la edad mínima de responsabilidad penal es 16 años. Por debajo de ese límite, la Justicia no puede aplicar condenas penales tradicionales. En estos casos, el Estado puede disponer medidas de seguimiento, contención o asistencia, pero no prisión.
Este punto fue central en el debate legislativo: la imposibilidad de avanzar penalmente en delitos graves cometidos por menores de 16 años.
La media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil
El proyecto aprobado en Diputados propone reducir la edad de imputabilidad a 14 años en casos de delitos graves. Según el texto debatido, se establecería un sistema diferenciado del régimen de adultos, con institutos específicos y programas socioeducativos.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca actualizar una legislación que consideran desfasada frente a la realidad actual. Argumentan que existen delitos de extrema gravedad cometidos por adolescentes menores de 16 años y que el sistema vigente no ofrece respuestas acordes a la demanda social de justicia.
La media sanción marca un avance político significativo, aunque la iniciativa aún debe atravesar el debate en el Senado.
Un debate histórico en Argentina
La discusión sobre la edad de imputabilidad no es nueva. A lo largo de las últimas décadas, distintos gobiernos impulsaron proyectos de reforma sin lograr consenso definitivo.
El régimen actual tiene más de cuatro décadas de vigencia y fue objeto de críticas tanto por sectores que reclaman mayor firmeza penal como por especialistas que sostienen que debe priorizarse un enfoque integral de protección de derechos.
El debate combina dimensiones jurídicas, sociales y políticas, y suele intensificarse tras casos de alto impacto público, como ocurrió con el crimen de Jeremías Monzón.
Argumentos a favor de la reforma
✅ Quienes apoyan la baja de la edad de imputabilidad sostienen que:
✅ Es necesario que exista responsabilidad penal en delitos graves cometidos por adolescentes de 14 y 15 años.
✅ La legislación actual genera una sensación de impunidad en casos de homicidio.
✅ La reforma contempla un régimen específico, no equiparable al sistema penitenciario adulto.
✅ El Estado debe dar una respuesta clara frente a hechos de extrema violencia.
Argumentos en contra
Por su parte, los sectores críticos plantean que:
❌ No existen evidencias concluyentes de que bajar la edad reduzca el delito juvenil.
❌ El problema de fondo está vinculado a la exclusión social y falta de políticas preventivas.
❌ La reforma podría entrar en tensión con estándares internacionales de derechos del niño.
❌ La institucionalización temprana puede profundizar problemáticas sociales.
El impacto social del caso
El asesinato de Jeremías generó marchas, concentraciones y reclamos públicos en Santa Fe y otras ciudades. La presencia de su madre en la sesión legislativa reflejó el peso simbólico que el caso adquirió en la discusión parlamentaria.
Si bien la nueva norma no modificaría la situación procesal de los adolescentes involucrados en esta causa, el caso se convirtió en uno de los más mencionados como ejemplo durante el debate en la Cámara baja.
Qué puede suceder en el Senado
El proyecto ahora deberá ser tratado en la Cámara alta. Allí podría aprobarse sin cambios, sufrir modificaciones o incluso ser rechazado.
Si obtiene sanción definitiva, Argentina modificará su régimen penal juvenil, estableciendo un nuevo umbral de responsabilidad penal a partir de los 14 años en determinados delitos.
El tratamiento en el Senado será clave para definir si la media sanción se convierte en ley o si el debate vuelve a comisión
Una discusión que continúa
Más allá del desenlace legislativo, el caso Jeremías Monzón dejó instalada una discusión profunda sobre cómo debe responder el sistema judicial ante delitos graves cometidos por adolescentes.
El equilibrio entre protección de derechos, prevención del delito y respuesta penal seguirá siendo uno de los ejes centrales de la agenda pública.
Mientras tanto, la causa judicial continúa su curso en la provincia de Santa Fe. La joven imputada permanece detenida y los menores inimputables se encuentran bajo medidas de seguimiento estatal.
El Senado tendrá ahora la última palabra sobre una reforma que ya genera posiciones firmes en todo el espectro político y social argentino.