El caso de JeremÃas Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en la ciudad de Santa Fe, reactivó una discusión que atraviesa al sistema polÃtico y judicial argentino: los lÃmites del régimen penal juvenil frente a delitos de extrema gravedad. El hecho volvió a colocar en primer plano una demanda que, desde distintos sectores, viene creciendo en los últimos años.
En este escenario, el presidente de la Cámara de Diputados, MartÃn Menem, confirmó que el Gobierno nacional retomará en 2026 el impulso para bajar la edad de imputabilidad, una iniciativa promovida por el presidente Javier Milei y contemplada dentro del proyecto de reforma integral del Código Penal que ya ingresó al Congreso.
La discusión tomó mayor relevancia pública tras conocerse que algunos de los adolescentes involucrados en el caso tienen 14 años y no pueden ser imputados penalmente según la legislación vigente. Desde el oficialismo sostienen que esta situación expone las limitaciones del marco legal actual y refuerza la necesidad de introducir modificaciones de fondo.
Actualmente, la ley argentina fija la imputabilidad penal a partir de los 16 años. Los menores que cometen delitos graves quedan sujetos a medidas judiciales especiales y dispositivos de intervención, sin ser juzgados bajo el sistema penal común. La propuesta del Ejecutivo apunta a establecer un nuevo régimen para adolescentes desde los 14 años, con sanciones diferenciadas y un tratamiento especÃfico acorde a su edad.
Cualquier avance en esta dirección deberá atravesar el debate parlamentario y la revisión de normas complementarias, además de contemplar el rol de la Justicia y de los organismos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Seguridad y una definición polÃtica
Desde el inicio de su gestión, Javier Milei definió la polÃtica de seguridad como uno de los pilares de su gobierno. En ese marco, la baja de la edad de imputabilidad se presenta como una de las discusiones centrales, vinculada a la idea de reforzar la responsabilidad penal frente a delitos graves.
MartÃn Menem sostuvo que el debate ya no puede seguir postergándose y afirmó que existe una expectativa social concreta para que el Congreso avance en este tema. Según explicó, el oficialismo buscará que la discusión se dé de manera abierta, pero con plazos definidos.
Desde el bloque de La Libertad Avanza remarcan que la iniciativa responde a un reclamo social persistente y que el actual sistema no logra dar respuestas efectivas ante hechos de alto impacto.
El rol del Congreso en 2026
Si bien el proyecto aún no forma parte del temario inmediato, el Gobierno prevé que durante 2026 el Congreso vuelva a ocupar un rol central en el debate sobre el régimen penal juvenil. La intención oficial es que la reforma sea tratada como parte de un cambio estructural más amplio.
Menem adelantó que la discusión marcará posiciones claras dentro del recinto y que la baja de la edad de imputabilidad será uno de los puntos más sensibles del año legislativo. Para el oficialismo, el tratamiento del proyecto será una señal polÃtica clave frente a una demanda social que, tras casos conmocionantes, exige definiciones concretas.