REDACCIÓN: Miguel R. Ríos
La reciente implementación del Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA) en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha generado preocupación entre los principales gremios del organismo: la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip), el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (Supara) y la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Upsafip). Los sindicatos argumentan que esta herramienta podría constituir una práctica desleal y una injerencia indebida en la relación entre los trabajadores y las organizaciones gremiales.
¿Qué es el sistema SARHA?
El SARHA es un sistema informático desarrollado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que permite ejecutar todos los procesos de administración de los recursos humanos, generar los datos necesarios para la liquidación de haberes y la alimentación del legajo personal. Este sistema se interconecta con el módulo Legajo Único Electrónico (LUE) del Sistema de Gestión Documental Electrónico (GDE), facilitando la gestión integral de los recursos humanos en la administración pública nacional.
,La implementación de SARHA se enmarca en las políticas del Gobierno para promover la libertad de elección y reducir las retenciones automáticas de los salarios de los trabajadores, especialmente en vísperas del Día del Trabajador. Aunque por el momento la herramienta está disponible únicamente para los empleados de ARCA, fuentes oficiales indicaron que el sistema SARHA es utilizado en otras áreas del Gobierno, lo que podría facilitar la implementación de esta opción en diferentes organismos estatales en el futuro.
Preocupaciones gremiales
Los gremios Aefip, Supara y Upsafip han manifestado su preocupación por la implementación de SARHA, argumentando que la herramienta podría constituir una práctica desleal y una injerencia indebida en la relación entre los trabajadores y las organizaciones gremiales. En un comunicado conjunto, los sindicatos expresaron que "la falta de diálogo va configurando un estado de crisis que altera la paz social, la productividad y profundiza los conflictos".
Además, los gremios han denunciado que la implementación de SARHA se suma a una serie de medidas del Gobierno que afectan negativamente a los trabajadores de ARCA, como la reducción del presupuesto de la Cuenta de Jerarquización, la reinstalación del impuesto a las Ganancias y el congelamiento de los sueldos desde marzo.
Acciones legales y medidas cautelares
Ante estas preocupaciones, los gremios Aefip y Supara presentaron una medida cautelar ante la Justicia Nacional del Trabajo, solicitando que se ordene al Gobierno y a ARCA abstenerse de adoptar cualquier medida que ponga en peligro la estabilidad laboral de los empleados y funcionarios del organismo recaudador. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a la solicitud y ordenó que el organismo se abstenga de adoptar cualquier medida que contraríe o violente la garantía de estabilidad prevista.
El fallo judicial representa un revés para el Gobierno y refuerza la postura de los gremios, que consideran que la implementación de SARHA y otras medidas del Ejecutivo constituyen un ataque a los derechos laborales y a la estructura del ente recaudador.
¿Se aplicará en otras dependencias del Estado?
Aunque por el momento la herramienta está disponible únicamente para los empleados de ARCA, fuentes oficiales indicaron que el sistema SARHA es utilizado en otras áreas del Gobierno, lo que podría facilitar la implementación de esta opción en diferentes organismos estatales en el futuro.
Esta posibilidad genera preocupación entre los sindicatos, que temen que la expansión de SARHA a otras dependencias del Estado pueda replicar los conflictos laborales que actualmente se viven en ARCA.
Conclusión
La implementación del sistema SARHA en ARCA ha generado tensiones entre el Gobierno y los gremios del organismo, que ven en esta herramienta una amenaza a la autonomía sindical y a los derechos laborales de los trabajadores. La medida cautelar dictada por la Justicia representa un freno a las políticas del Ejecutivo y refuerza la postura de los sindicatos, que continúan en alerta ante posibles avances del Gobierno en la digitalización de la gestión de recursos humanos en otras dependencias del Estado.
En este contexto, es fundamental que el Gobierno y los gremios retomen el diálogo y busquen consensos que permitan avanzar en la modernización del Estado sin vulnerar los derechos de los trabajadores ni la autonomía de las organizaciones sindicales.